Vinculan a proceso a agresores de periodistas

En causas penales diferentes, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE), obtuvo vinculación a proceso en contra de tres personas por agresiones a periodistas, luego de ejercer la facultad de atracción que establece el artículo 21 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

Esto, ya que de la investigación se encontraron datos de prueba suficientes y eficaces para determinar que los hechos se materializaron como una represalia al trabajo periodístico de las víctimas.

En el primer caso, el Ministerio Público de la FEADLE, de la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), aportó las pruebas necesarias para que un Juez de Control con residencia en Quintana Roo, emitiera la vinculación de Rubén Moisés Manhatl Pérez y Everardo Martínez Méndez, por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, lesiones calificadas, daños y contra la libertad de expresión, en perjuicio de un periodista. Asimismo, fijó tres meses para la investigación complementaria y como medida cautelar, la prohibición de acercarse, convivir o comunicarse con la víctima y los testigos.

Los hechos corresponden a la agresión física y verbal realizada por los dos elementos de la Policía Municipal de Benito Juárez, Quintana Roo, con la finalidad de evitar que un reportero realizara su función de informar hechos de interés en la vía pública.

En la segunda causa penal, se obtuvo la vinculación a proceso en contra de Jorge Alberto Martínez Bacelis, por su probable responsabilidad en el delito de lesiones agravadas en contra de un periodista en Yucatán. Este caso derivó de las agresiones físicas y verbales que realizó en contra de un periodista por haber publicado información sobre posibles actos de corrupción ligados al servicio público que ejerció el imputado en el pasado.

Con motivo de dicha vinculación, se establecieron medidas cautelares para garantizar la seguridad de la víctima y de los testigos dentro del proceso, así como dos meses de investigación complementaria.

 

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